"Las condiciones en esa unidad son las mismas que al momento de la masacre, y peor"

 A casi 21 años del incendio donde murieron  33 personas en la Unidad Penal N.º 28 de Magdalena, Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, habló en exclusiva con Data Magdalena por FM Victoria 98.5 y trazó un panorama sobre el estado actual del sistema carcelario bonaerense que contradice cualquier lectura optimista del reciente fallo judicial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme esta semana la condena de 15 años de prisión para Raimundo Héctor Fernández, exjefe de turno del penal, por abandono de personas seguido de muerte. El fallo cerró la última instancia judicial de la causa. Pero para Pomares, ese cierre es solo formal.

"En definitiva, algún grado de responsabilidad finalmente se definió. Pero llegó tarde y llegó escaso", sostuvo en diálogo con este medio.

Un juicio que tardó doce años y dejó preguntas abiertas

El proceso judicial fue extenso y accidentado. El juicio oral recién se realizó en 2017, con 17 imputados entre funcionarios y empleados penitenciarios. Solo cuatro fueron condenados en primera instancia. La Cámara de Casación, en una revisión posterior, redujo la calificación del entonces director de la unidad —inicialmente imputado por homicidio respecto de las 33 víctimas— a la figura de abandono de personas seguida de muerte, con la consiguiente rebaja de pena.

Pomares fue crítico con el recorrido de la investigación: "Hubo responsabilidades funcionales que entendíamos debían ser parte del debate oral y que nunca fueron elevadas a juicio. Cuestiones que quedaron sin abordar por parte de la justicia", afirmó ante los micrófonos de FM Victoria 98.5.

Sobrepoblación: de 30% a 220% en la misma unidad

El tramo más contundente de la entrevista llegó cuando Pomares describió el estado actual de los penales bonaerenses. En 2005, la sobrepoblación del sistema rondaba el 30%. Hoy ese índice trepó al 116% en promedio para el conjunto del sistema provincial. Y la Unidad N.º 28, escenario de la masacre, registra actualmente entre el 218% y el 220% de sobrepoblación, duplicando el promedio provincial.

"En esa unidad se siguen dando las mismas condiciones estructurales que estaban al momento de la masacre. El cableado y las instalaciones eléctricas tienen problemas estructurales. No se realizan protocolos de evacuación de manera regular. Y el asinamiento favorece a que algo así vuelva a ocurrir", enumeró el funcionario con precisión.

Señaló como único cambio positivo la reducción del uso de colchones de goma espuma dentro de los penales —material que al arder genera humo tóxico y calor extremo—, aunque advirtió que el problema persiste en dependencias policiales. Allí, indicó, ocurrieron dos nuevas masacres desde 2005: la de Pergamino y la del penal de Esteban Echeverría, con 17 muertes en total.

Celulares: regular, no prohibir

Pomares también abordó en la entrevista el debate vigente sobre el uso de dispositivos móviles en las cárceles. Su posición fue clara: desde que se habilitó legalmente el uso de celulares, los homicidios intracarcelarios bajaron de manera sustancial. Hoy, según explicó, la mayoría de las muertes en el sistema obedecen a causas de salud no atendidas, no a conflictos entre internos.

"La prohibición lo que hace es que el negocio de los celulares vaya por otros carriles. Todo lo que se prohíbe y no se regula genera mercado negro", sostuvo, y agregó que un relevamiento propio de la Comisión arrojó que los casos irregulares vinculados a celulares son mínimos en proporción al total de dispositivos registrados.

Su propuesta no apunta a eliminar los teléfonos sino a hacer cumplir con rigor los protocolos ya existentes: "Hay que reformular el uso, no quitárselos. Lo que ingresa de manera ilegal es mucho más difícil de rastrear cuando ocurre un delito", precisó ante Data Magdalena.

"El Estado está para garantizar la vida, no para generar la muerte"

Al cierre de la entrevista, desde Data Magdalena se le preguntó a Pomares si el fallo de la Corte cierra definitivamente el caso. La respuesta fue taxativa: judicialmente, no queda ninguna instancia pendiente. Pero lo que permanece abierto, subrayó, es la deuda estructural con las personas privadas de libertad en la provincia.

"Lo que queda pendiente es todo lo que debería hacerse para que una masacre como esa no vuelva a ocurrir. En eso hay que trabajar y dar los debates necesarios", concluyó.

Y cerró con una definición que resumió el eje de toda la conversación: "El respeto a los derechos humanos no es algo que inventó un sector de la sociedad. Es una obligación del Estado. Y el Estado está para garantizar la vida, no para generar la muerte".