El Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, participó de la firma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un acuerdo que contempla reparación para las víctimas y garantías de no repetición.
El Gobierno bonaerense firmó este 11 de agosto un acta acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Magdalena, mediante la cual el Estado provincial reconoce su responsabilidad por los hechos ocurridos en octubre de 2005 en la Unidad Penitenciaria N.° 28 de Magdalena. Del acto participó el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
El acuerdo tiene su origen en el incendio registrado en el Pabellón 16 de esa unidad penitenciaria, donde murieron 33 personas privadas de su libertad. A partir de ese hecho, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos llevaron el reclamo ante la instancia interamericana, que derivó en el proceso resuelto ahora mediante esta solución amistosa.
La firma fue encabezada por el gobernador Axel Kicillof, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena. También estuvieron presentes el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, y el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, junto a miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y de la Fiscalía de Estado provincial.
Participaron, además, representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Colectivo de Acción en la Subalternidad (CAS), junto a familiares de las víctimas del incendio.
Con la firma del acuerdo, el Estado provincial se compromete a llevar adelante medidas de reparación para las víctimas y sus familiares, a impulsar la investigación penal del caso y a adoptar medidas institucionales orientadas a garantizar que hechos de similares características no vuelvan a repetirse.
De esta manera, el caso Magdalena —uno de los antecedentes más graves de violencia institucional en cárceles bonaerenses— avanza hacia una resolución formal ante el sistema interamericano de derechos humanos, 21 años después del incendio que costó la vida a 33 detenidos.
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