El Gobierno prometió $50.000 millones para hospitales universitarios y actualizó becas en un 50%, pero las casas de estudio mantienen el reclamo judicial que puede obligarlo a cumplir la ley de financiamiento.
El Gobierno de Javier Milei llegó, en el día de ayer, a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes que pone fin —al menos por ahora— a semanas de tensión en el sistema universitario. Pero el cierre es a medias: la firma no aplaca el frente judicial que avanza en la Corte Suprema y que podría obligar al Ejecutivo a ir bastante más lejos de lo que estuvo dispuesto a conceder.
Lo acordado no es menor. Una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos —un 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre—, más partidas reforzadas para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y becas. Según trascendió, la negociación estuvo al borde de la ruptura en más de una ocasión.
El número que el Gobierno no quería mostrar
Desde la Casa Rosada intentaron vender el acuerdo como un gesto de buena voluntad. Pero en el entorno universitario lo leen de otra manera: el propio texto del comunicado oficial reconoce que hay una "pérdida de poder adquisitivo del 2024" que todavía no fue saldada. El 7% "a cuenta" que se incluyó en la fórmula es, en los hechos, una admisión de deuda.
No es un dato menor en un gobierno que durante meses sostuvo que las universidades "tenían los fondos suficientes".
Tres meses de plazo, y la paritaria sigue
El acuerdo no cierra la discusión salarial: la paritaria pasará a un cuarto intermedio por no más de tres meses, donde se retomará la negociación en función del IPC del INDEC. Según fuentes del sector gremial, esa cláusula fue uno de los puntos más resistidos por el Ejecutivo, que históricamente buscó estirar los plazos.
Los nodocentes también entran en la nueva periodicidad paritaria, fijada en un máximo de tres meses. Un reclamo histórico que, según pudo saber este medio, estuvo a punto de quedar afuera del texto final.
El refuerzo para hospitales universitarios —una partida de 50.000 millones de pesos— había sido reclamado por las universidades desde el arranque del ejercicio presupuestario 2026. Que llegue recién en junio, tras meses de tensión, no pasó inadvertido en los rectorados.
Lo mismo ocurre con la actualización del 50% en las Becas Manuel Belgrano, que venían perdiendo contra la inflación desde hace más de un año.
La Corte, la espada de Damocles
El dato político más explosivo del acuerdo es lo que no resuelve. Las universidades mantienen el reclamo judicial ante la Corte Suprema para exigir la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno, en paralelo, insiste en que el debate de fondo deberá darse durante el Presupuesto 2027.
Eso significa que el conflicto no se cerró: se postergó. Y con un tribunal que ya mostró señales de tomar el tema con seriedad, no se descarta que en los próximos meses la Casa Rosada enfrente una orden judicial que vuelva a poner el sistema universitario en el centro de la agenda.
Por ahora, la tregua es real. Pero frágil.
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