Por un error, el Concejo de Magdalena puede terminar aprobando la rendición de cuentas que le rechazó a Hourcade

Una moción de privilegio destapó esta semana la interna que atraviesa al Concejo Deliberante de Magdalena. La rendición de cuentas 2025, que el cuerpo rechazó en la sesión del 27 de mayo, corre serio riesgo de terminar aprobada por el Tribunal de Cuentas bonaerense ante la falta de un acto administrativo que formaliza esa decisión. La ley es taxativa: si el Concejo no se expide antes del 31 de mayo, la rendición queda aprobada de manera automática.

Quien encendió la mecha fue la concejala Camila Daca, de EPA, que invocó el artículo 67 del reglamento interno para plantear una moción de privilegio. "Hace un mes que estamos pensando si decirla o no", arrancó, y no ahorró dureza: recordó que su bloque "no se quedó callado" con los lotes entregados a dedo ni con el "despilfarro" en pauta publicitaria, y que tampoco iba a callar ahora. "El silencio es complicidad y nosotros cómplices de mamarrachos institucionales como este no vamos a ser", lanzó.

Según pudo reconstruirse en el recinto, el 16 de julio trascendió que el Tribunal de Cuentas había advertido que la presidencia del Concejo nunca dictó una resolución, decreto o comunicado que exteriorizara el rechazo votado en mayo. El único intento de respuesta fue una nota firmada por el secretario Monroy, que para la oposición no alcanza a ser considerada un acto administrativo válido. "Todos sabemos cómo termina esta historia: todos sabemos que esa rendición de cuentas va a terminar aprobada", sentenció Daca, y apuntó que en la resolución del Tribunal las sanciones recaen sobre el presidente y el secretario, no sobre los concejales.

La defensa de Fleita

El presidente del Concejo, Sebastián Fleita, tomó la palabra y su banca  para leer el descargo formal enviado al Tribunal de Cuentas, en el que sostiene que la voluntad del cuerpo "quedó válidamente expresada" a través de la sesión, el debate y la votación nominal, y que un acto administrativo fue remitido el 28 de mayo. Fleita también reveló que hubo comunicaciones informales con el Tribunal, que reclamó despachos de comisión inexistentes en el expediente.

No esquivó el bulto: "Asumimos toda la responsabilidad, tanto como presidente como secretario de este cuerpo", admitió, aunque también deslizó que se trata de una situación sin antecedentes recientes —la última vez que algo similar ocurrió fue en 2014— y acusó veladamente a la oposición de aprovechar el traspié para atacarlo personalmente. "Cuando pierden discusiones políticas se terminan metiendo con cuestiones personales", disparó.

Daca no le dio tregua: "Un acto administrativo es una resolución, un decreto o un comunicado, no es una nota", replicó, y remarcó que la propia resolución del Tribunal de Cuentas no habla de documentación insuficiente sino de inexistencia lisa y llana del acto.

La versión de Raffo: "Todos nos hicimos los distraídos"

El concejal Martín Raffo, de la UCR, aportó un dato que profundizó la sensación de descontrol institucional: contó que se enteró del problema por una catena de mensajes de WhatsApp con la concejala Ana María Garayalde, en la que ambos fueron cayendo en la cuenta, en tiempo real, de que "al no aprobarse, no hay nada". Reconoció que los 12 concejales, él incluido, desconocían que hacía falta un acto formal para cerrar el trámite, aunque insistió en que la responsabilidad jerárquica es de Fleita y Monroy.

Raffo pidió un cuarto intermedio para redactar una resolución que dejara sentada la posición del cuerpo, algo que —según denunció— ya había propuesto en comisión semanas atrás y que la oposición le había rechazado por considerarlo inútil, dado que los plazos ya estaban vencidos. Tras un primer empate 6 a 6, la moción de cuarto intermedio se aprobó con el voto de desempate de la presidencia, y minutos después se leyó el proyecto de resolución que declara formalmente no aprobada la rendición de cuentas 2025.

"Es una burrada": el argumento de Fuerza Patria

La votación nominal de esa resolución terminó otra vez 6 a 6, y volvió a definirse por el voto doble del presidente Sebastian Fleita . Del lado del rechazo se plantó con fuerza la concejala Mirna Gurina, del interbloque Fuerza Patria, que calificó la iniciativa de "burrada administrativa" y se negó a que su bloque quedará "pegado" a un error que no le compete, ya que el propio Tribunal de Cuentas individualiza como responsables solo al presidente y al secretario.

Gurina fue más allá y denunció un supuesto hostigamiento telefónico de un funcionario del Tribunal de Cuentas hacia autoridades del Concejo, al que calificó de incumplimiento de sus deberes como funcionario público y sugirió una denuncia formal. Daca adhirió "al 100%" a esa postura y tampoco acompañó la resolución.

El concejal Fulgione, del mismo interbloque, salió a bajar el tono de la sospecha de complicidad que había sobrevolado el recinto: recordó que su bloque votó en contra de la rendición de cuentas desde el primer momento —"hasta la concejala Zanelli votó en contra"— y que él mismo había hecho pública la situación semanas atrás en una entrevista radial. Insistió en que lo que está en juego, si la rendición termina aprobada por default, es el respeto al voto popular y al de los propios concejales.

Raffo, en su última intervención, marcó una diferencia entre el rechazo "coherente" de Gurina, que sostuvo la misma postura en comisión y en el recinto, y otros bloques que —sin nombrarlos— habrían dicho una cosa puertas adentro y otra en la sesión pública.

La resolución quedó aprobada, mereced al desempate presidencial, pero llega fuera de término: el propio texto reconoce que "los plazos administrativos se encuentran vencidos". Su destino ahora depende de una definición que todavía no llegó: la respuesta final del Tribunal de Cuentas, que deberá decidir si convalida o no el intento tardío del Concejo de dejar constancia del rechazo.

Mientras tanto, sigue latente la pregunta que planteó Daca desde el arranque de la sesión: si la rendición de cuentas 2025 termina aprobada por un vacío administrativo, el único beneficiario directo será el Departamento Ejecutivo que conduce Lisandro Hourcade, pese a que una mayoría de concejales había votado explícitamente para rechazarla. Y no está descartado que, además, el propio Fleita enfrente una sanción dentro del marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades por la omisión original.